Retos pendientes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

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¿Qué es la Convención Internacional Sobre los derechos de las Personas con Discapacidad?

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de aquí en adelante Convención) es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Se trata del primer tratado internacional del Siglo XXI y el octavo referido a los derechos humanos. Se trata del primer texto que realiza una garantía jurídica a los derechos de las personas con discapacidad y que además es vinculante para los 183 países firmantes.

El texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nueva York siendo ratificado con la firma de los países en marzo de 2007. Fue un año más tarde, el 3 de mayo de 2008, cuando esta este tratado entró en vigor.

ONU

Ya han pasado 12 años desde esta fecha y todavía quedan muchos retos pendientes para su cumplimiento. En el caso de España, el grado de cumplimiento de este documento legal sigue siendo bajo tal y como refleja el último informe del CERMI Derechos Humanos y Discapacidad, en su apartado de conclusiones, donde textualmente dice: “La efectividad de los compromisos de los tratados y los dictámenes de derechos humanos ratificados por España, sigue siendo tibia o inexistente”.

Urge entonces la necesidad de encontrar espacios comunes donde poder reflexionar cuales son los retos pendientes y más en el contexto actual de la COVID-19, que afecta más a los colectivos vulnerables.

En este marco, el Departament de Affairs socials, familia i benestar (Departamento de Asusntos Sociales, Familia y Bienestar) de la Generalitat de Catalunya, ha convocado la «1 jornada virtual participativa: el compromiso de todos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva», donde diversos expertos han podido conferenciar acerca de estos retos pendientes en 4 grandes ejes: accesibilidad, vida independiente, empleo e inclusión, enmarcados dentro del contexto tan excepcional que estamos viviendo con la irrupción de la COVID-19.

Retos pendientes de la Convención

Respecto a los retos pendientes de la Convención, Amalia Gamio, Miembro del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, destacó en primer lugar uno de los principales problemas sobre el cumplimiento de la Convención es que los países firmantes no calcularon bien el tamaño del compromiso que estaban firmando. También reconoció que los gobiernos adscritos a la Convención no entendieron el cambio de paradigma.

Especialmente son los artículos 5 (donde se reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación y que se vulnera en diferentes aspectos de la sociedad) ,12, y 19 donde la Miembro del Comité destacó que los países firmantes tienen más problemas para cumplirlos, así como la accesibilidad que aparece en el preámbulo del Tratado.

Artículo 12 y capacidad jurídica

 

Capacidad jurídica

El artículo 12, por ejemplo, que habla de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, es constantemente vulnerado. Las personas con discapacidad deben ser titulares de derechos y es frecuente que se mezclen erróneamente los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica. Este artículo refleja claramente que el desequilibrio mental y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica. Es frecuente que se utilice el método de la sustitución, donde un tercero toma decisiones en nombre de una persona con discapacidad, y no la figura del apoyo, para que la persona con discapacidad pueda tomar sus decisiones libremente.

De hecho, cabe destacar que en España las personas con discapacidad intelectual no tenían derecho al voto hasta diciembre del año 2019 lo que limita claramente sus derechos a elegir a representantes políticos en unas elecciones democráticas y libres.

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Vivir de forma independiente significa que las personas con discapacidad (como cualquiera) cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tomar opciones, ejercer el control sobre sus vidas, y adoptar todas las decisiones que las afecten. La autonomía personal y la libre determinación son fundamentales para la vida independiente. También ser incluido en la comunidad, que incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social.

Habitualmente se malinterpreta este derecho impidiendo a las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, a tomar sus propias decisiones. En España aún seguimos viendo como la esterilización forzosa a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Huma Right Watch ya reprendió a España por seguir utilizando estas prácticas que someten la voluntad de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, a tener hijos y formar una familia.

Amilia Gamio explica que las personas con discapacidad han de contar con todos los medios necesarios para que puedan tomar opiniones y ejercer el control sobre sus vidas. “La autonomía y la libre determinación son fundamentales para la vida independiente”. Este tipo de decisiones suelen tomarse por sustitución. Es decir, un tutor legal ejerce una sustitución de las decisiones en lugar de convertirse en un apoyo para que la persona con discapacidad pueda tomar su decisión libremente. La esterilización forzosa es solo un ejemplo de los múltiples casos que hoy se dan en España como también la institucionalización de las personas con discapacidad, donde se les priva de su libertad para residir donde decidan en un enfoque en el paradigma médico rehabilitador y no en el modelo social.

Accesibilidad

Tiene relación con 10 ODS. Uno de los grandes avances incorporados en la Convención es la consagración jurídica de la figura de la accesibilidad, como un paraguas obligatorio para poder hacerlo exigible a las autoridades. Es decir, la accesibilidad se empieza a reconocer como un principio recogido en los mismos preámbulos de la Convención, “siendo la primera vez en el desarrollo del ordenamiento jurídico que aparece de tal forma”, según señala la experta Soledad Cisternas, enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad. En España, según un estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios y en colaboración con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgil de Tarragona, solo un 2% de los edificios construidos después de 2011 son universalmente accesibles, contradiciendo la Ley De Accesibilidad y la no discriminación de personas con discapacidad. Como consecuencia, y según otro estudio elaborado por la misma Fundación Mutua de Propietarios (en colaboración con COCEMFE), unas 100.000 personas con movilidad reducida en España nunca salen de su vivienda debido a la falta de accesibilidad en su edificio. Esto muestra un claro agravio para las personas con movilidad reducida, reduciendo su autonomía personal e impidiendo que puedan ejercer libremente su derecho a la educación, al empleo, al ocio o a la misma movilidad, un derecho fundamental.

Accesibilidad personas con discapacidad

Pero afortunadamente, el concepto de accesibilidad se ha ido ampliando hasta abarcar otros aspectos como al transporte, las comunicaciones, la tecnología, la formación, los productos y servicios, los procesos y procedimientos, etc… no limitándose solo al concepto clásico de accesibilidad arquitectónica. Según Cisternas, la accesibilidad cruza transversalmente todo el tejido social y por lo mismo es muy relevante colocarla sobre la mesa y visibilizarla”.

Respuesta local y participación ciudadana

Cisternas cree que el papel de las administraciones locales para cumplir la Convención en materia de accesibilidad será fundamental para la consecución de los retos. Las personas con discapacidad no deben estar al margen de las políticas públicas que implementan la accesibilidad y deben participar tanto en su diseño, como en su ejecución, gestión y evaluación. Es decir, toda la implementación de estas políticas públicas ha de ser inclusiva a la hora de abordarlas y contar también con entidades del tercer sector o movimientos asociativos de la discapacidad. Solo de este modo los recursos se optimizarán e incidirán directamente en sus necesidades reales.

Tecnología y accesibilidad

Desde la Fundación Integralia hemos hablado muchas veces de la importancia de que las personas con discapacidad se sumen y participen no solo en el uso, sino también en el diseño de las TIC. La tecnología no puede convertirse en otra barrera más que impida o limita el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Una acentuación de la brecha digital puede suponer una amenaza para la accesibilidad en el empleo, en el ocio, en las relaciones sociales, en la formación, en la comunicación y un largo etcétera.

Es importante que exista una toma de conciencia por parte de las administraciones públicas para implantar políticas públicas que ayuden a la digitalización del colectivo y a su adquisición en competencias digitales. También las empresas jugarán un papel clave a la hora de diseñar los productos con un criterio de accesibilidad universal. En balde será todo el trabajo realizado con las personas con discapacidad para acelerar su digitalización si las compañías que fabrican productos y servicios tecnológicos no tienen en cuenta la accesibilidad.

Pero abordar las TIC solo desde una perspectiva de amenaza sería ser demasiado pesimista respecto a lo que pueden ofrecer a las personas con discapacidad en la mejora de su calidad de vida. Las TIC y el desarrollo de las ciudades inteligentes pueden suponer una gran oportunidad para mejorar la autonomía personal y ser grandes aliadas para el colectivo de personas con discapacidad. Cisternas pone de ejemplo la implementación de un Big Data global que ayude a tener mejor detectadas las necesidades de las personas con discapacidad o por ejemplo enfrentar de mejor manera posibles emergencias humanitarias que puedan producirse en el futuro, abordándolas sin dejar a nadie atrás.

Crisis de la Covid-19

La crisis de la COVID-19 ha puesto al descubierto las limitaciones y barreras que tiene nuestro Estado del Bienestar. Durante el confinamiento, muchas personas con discapacidad tuvieron problemas para adquirir alimentos, medicamentos, atención personalizada, cuidados o rehabilitación o servicios diversos. Ha puesto de manifiesto que los colectivos vulnerables son los que más desprotegidos están en situaciones de emergencia, tal y como puso de manifiesto el Informe del Cermi sobre el impacto de la Pandemia en los derechos de las personas con discapacidad.

 

Empleo

La Convención incorpora en el artículo 27 toda la regulación y el derecho al empleo de las personas con discapacidad. Reza así: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

Pese a que ya hace 12 años que entró en vigor la Convención y se han incorporado sus preceptos en la Ley General de la Discapacidad (LGD), la situación sigue siendo muy mejorable. Las estadísticas demuestran que las personas con discapacidad tienen menor tasa de actividad y mayor tasa de desempleo, e ilustran cómo el colectivo sigue teniendo especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Entre las causas, destaca el poco cumplimiento de la cuota del 2% que las empresas han de reservar a personas con discapacidad en sus plantillas. Según el último barómetro de Deloitte, hasta un 75% de las empresas incumplen la LGD en materia de contratación. La fiscalización por parte de las administraciones públicas es laxa, lo que produce a su vez que una gran parte de las contrataciones de personas con discapacidad, alrededor del 80%, se produzcan en centros especiales de empleo, impidiendo la normalización de la discapacidad en las empresas.

Centro de Sant Just Desvern

Stefan Trömel, Especialista sènior de la discapacitat de la OIT, afirmó que las empresas no deben conformarse solamente con cumplir la cuota reservada a personas con discapacidad. “No deben tener a una persona con discapacidad por tenerla y solo para cumplir la cuota, sino para apostar por ella y confiar en su talento, de modo que pueda promocionar y mejorar sus condiciones laborales, Igual que cualquier otra persona en la organización·”.

Empleo en contexto de pandemia:

Según Trömel, la pandemia ha tenido un impacto especialmente negativo: desde la perspectiva sanitaria, pero también desde la perspectiva económica, sobre todo en aquellos países donde no hay un sistema de protección adecuado. “La respuesta a este impacto ha de ser inclusiva. No podemos perder los años que hemos avanzado. Hemos de realizar un mayor esfuerzo de visibilidad y activismo para asegurar que esta respuesta será inclusiva”. En este artículo también hemos hablado del posible impacto que esta crisis puede causar en el colectivo de personas con discapacidad y en sus oportunidades para acceder a un empleo.

Una opción interesante para las personas con discapacidad puede ser el teletrabajo, pero según Trömel no es la gran solución. “Muchas personas con discapacidad tienen un empleo que no pueden desempeñar desde su domicilio. También hay que tener en cuenta que para que puedan teletrabajar, han de tener todas las condiciones de accesibilidad digital aseguradas”.

Es por ello, que la brecha digital puede convertirse en una amenaza en la empleabilidad de las personas con discapacidad en un contexto donde la digitalización en las empresas ha experimentado una gran aceleración debido a la pandemia.

“La salida de la crisis será de dos tipos. Por un lado será digital. La pandemia ha acelerado estos procesos. Esto significa que tenemos que asegurar la accesibilidad digital, pero también que tengan acceso a las competencias digitales para competir en igualdad de condiciones que el resto de la población”. Y por otro lado será medioambiental: Se van a generar puestos de trabajo y una parte tendrán que ir a las personas con discapacidad. Entidades, administraciones públicas, empresas; hay que hacer un esfuerzo para que la formación en empleo verde beneficie a las personas con discapacidad”, cerró Trömel.

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