Las malas expectativas económicas de la resaca de la COVID 19 creo que las conocemos todos. Tertulias, debates televisivos, instituciones… no han sido pocos los que se han aventurado a pronosticar qué impacto tendrá en nuestra economía estos meses de confinamiento. El Banco Central de España ya ha calculado en su reciente informe anual que se espera “un retroceso del PIB del -16% en el escenario de recuperación rápida y del -21,8% en el de recuperación gradual”. Sin embargo, el propio Banco de España también deja pronósticos positivos con una proyección de rebote de la economía que supondrá un salto trimestral de entre el 16,1% y el 19,3%.
Sea como fuere, las consecuencias económicas -sean más o menos graves- dibujan un futuro incierto en términos de desempleo, para los cuales también hay pronósticos. La OCDE sitúa esta cifra en el 20% antes de que acabe el año, 6 puntos por encima si lo comparamos con los meses previos a la pandemia.
Está más que de sobra demostrado que los vaivenes cíclicos de la economía impactan en mayor grado y con más virulencia a los colectivos vulnerables, entre ellos el de la discapacidad. Los motivos son varios. Barreras en el acceso al mercado laboral, menor nivel formativo, prejuicios todavía existentes acerca de las personas con discapacidad o la contratación inclusiva cuando es coyuntural, lo que reduce los niveles de reclutamiento en períodos de inestabilidad económica.
El pasado 2 de julio, la Comisión para Reconstrucción Social y Económica se reunía por última vez para consensuar todas las medidas que serán presentadas para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Desde Integralia celebramos que en esta Comisión hayan participado representantes de la discapacidad como el CERMI, quien a través Pérez Bueno, su Secretario General, pidió un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 225 millones de euros para el sector de la discapacidad. También participó en esta Comisión el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDDI).
El resultado es que entre las 50 medidas principales, que serán sometidas a su aprobación en la segunda quincena de julio, encontramos la siguiente: “Garantizar la alimentación saludable de niños vulnerables durante el curso escolar y luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión”.
Pese a la ambigüedad –no parece claro si garantizar la inclusión se limita solamente al ámbito educativo- es alentador que el tercer sector de la discapacidad no haya quedado al margen en las propuestas de la Comisión. Ahora falta saber en qué forma se articula esta reconstrucción y si los Centros Especiales de Empleo (CEE) pueden contar con el apoyo de las Administraciones Públicas.
Hay que recordar que una gran parte de las personas con discapacidad trabajan en CEE como los que gestiona la Fundación Integralia. Es fundamental proteger el empleo protegido, valga la redundancia; para que la tasa de paro del colectivo no se vea muy mermada en los meses venideros. Los CEE deben ser su puerta de acceso al mercado laboral. Hay que tener muy presente que el debilitamiento del tejido asociativo siempre conlleva consigo la destrucción de puestos de trabajo a aquellos que más dificultades tienen para conseguirlos. Esto conlleva un descenso en su calidad de vida, no solo desde una perspectiva económica, sino también en términos de salud (el I Estudio sobre los Hábitos de Salud de las Personas con Discapacidad de DKV demuestra que la percepción sobre su salud mejora cuando tienen un empleo) e inclusión social.
Pero sería un error olvidarnos de otro factor importante a tener en cuenta para la empleabilidad de las personas con discapacidad. El informe Odismet de la Fundación ONCE revela cada año como las personas con discapacidad tienen generalmente menos formación o nivel de estudios respecto al resto de la ciudadanía. En la Fundación Integralia siempre hemos apostado por la formación como herramienta clave en el itinerario profesional de una persona con discapacidad, y más en épocas de crisis. Es lógico pensar que cuando un mercado laboral presenta mucha oferta pero poca demanda, quienes menos oportunidades tienen son aquellas personas con bajos niveles formativos, uno de los 2 factores principales que determinan la competitividad junto a la experiencia laboral, lo que provocará que las nuevas contrataciones no sean simétricas acentuando la brecha que ya existía previamente a la pandemia.
Los CEE y entidades del tercer sector de la discapacidad necesitarán el compromiso de las Administraciones Públicas en un contexto de recesión económica. También el compromiso del sector empresarial es clave. Una apuesta sincera en la contratación de personas con discapacidad, confiando en su talento y en el valor que pueden aportar a las organizaciones, es la única vía para que su incorporación al mercado laboral deje de ser algo coyuntural y pase a ser un hecho normalizado. Sin este compromiso nuestra capacidad como sociedad de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad se verá mermada y habremos retrocedido todo lo avanzado durante estos últimos años.