Es en tiempos convulsos, en esos tiempos tan singulares que se repiten de forma cíclica en la vida social, donde se pone a prueba la fortaleza de una sociedad; su capacidad de garantizar el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que la componen.
Cuando esto ocurre, cuando el miedo y la incertidumbre se apodera de las personas e instituciones, todo es más caótico y el estado de bienestar se tambalea. Si algo esperamos de las sociedades en las que vivimos es que la protección a los colectivos vulnerables, a los que más la necesitan, esté garantizada, especialmente en los contextos donde hay más riesgo de salud, exclusión y desigualdad.
Es en estos momentos tan excepcionales cuando se pone a prueba de fuego si todos esos avances se han interiorizado y han venido para quedarse o se volatizarán cuando el viento sople en contra.
Escribí un artículo el pasado año donde relataba los grandes retos pendientes en materia de discapacidad. Es cierto que muchos de estos retos, por no decir todos, siguen pendientes en la agenda de las administraciones públicas y gobiernos centrales, pero sería injusto no reconocer todo lo que ha evolucionado nuestra sociedad durante los últimos 20 años en materia de derechos de las personas con discapacidad. Es en estos momentos tan excepcionales cuando se pone a prueba de fuego si todos esos avances se han interiorizado y han venido para quedarse o se volatizarán cuando el viento sople en contra. En tiempos de crisis se puede apreciar la verdadera naturaleza de las cosas. Las prioridades se reajustan y aquello que pueda parecer más secundario queda fuera de los focos.
Hay mucho trabajo detrás de los avances conseguidos. Todos ellos forman un gran pilar que hemos construido entre todos y sobre el que nos sustentamos para seguir avanzando. Durante esta pandemia hemos percibido un retroceso en cuestiones que creíamos superadas. Se han evidenciado, especialmente durante el confinamiento, situaciones que atentan directamente contra los derechos de las personas con discapacidad.
El CERMI lo detalla perfectamente en su informe “El impacto de la Pandemia del coronavirus en los derechos humanos de las personas con discapacidad en España”. Algunas cuestiones como el acceso a la información sin barreras durante el estado de alarma (en los inicios de la crisis ninguna comparecencia de los portavoces de salud pública estaba adaptada para personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegos), quiebras en el derecho a la educación por falta de accesibilidad de las plataformas digitales o la dificultad añadida para cumplir el confinamiento por parte de personas con trastorno del espectro del autismo o con enfermedades mentales y cuyas necesidades no fueron contempladas en el Real Decreto en primera instancia, suponen una desigualdad latente en los derechos de las personas con discapacidad respecto al resto de la ciudadanía.
Pero quizá lo más punzante que hemos podido presenciar son las denegaciones de tratamiento a personas con discapacidad, como traslados a hospitales y unidades de cuidados intensivos. También la falta de asistencia personal y asistencia médica que por un lado compromete su derecho a la autonomía personal y por otro su derecho a la salud y a la vida. Esto último vulnera de forma fragrante el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad donde “los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”. En algunas comunidades se establecieron protocolos de triaje para excluir a personas dependientes o con discapacidad.
Todos como sociedad debemos aprender de lo acontecido en los meses de confinamiento para que estas situaciones discriminatorias no vuelvan a sucederse.
Entendemos que introducir este criterio en los protocolos de salud pública seguramente no se base en una voluntad intencionada, sino que son decisiones forzadas debido a la finitud de los recursos para dar respuesta a la emergencia sanitaria, pero la solución a ello nunca ha de pasar por la discriminación. Esta forma de proceder induce un criterio terrible sobre que hay vidas con menor valor social. No solo es inmoral sino también probablemente vulnere el artículo 14 de la Constitución sobre Derechos y Libertades.
Ante esta segunda ola, están volviendo las fuertes restricciones que ya vivimos en marzo. Todos como sociedad debemos aprender de lo acontecido en los meses de confinamiento para que estas situaciones discriminatorias no vuelvan a sucederse. Ya hay un daño hecho y que seguramente tarde tiempo en reponerse, especialmente en lo que se refiere al empleo y la situación laboral de personas con discapacidad. Un 12% de las personas con discapacidad ha perdido su empleo a consecuencia de la pandemia, mientras que 3 de cada 5 (60%) temen perderlo próximamente, según revela un estudio realizado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet).
Desde la Fundación Integralia trabajamos y trabajaremos para revertir la situación y junto al resto de entidades del tercer sector minimizar el impacto de la pandemia en la empleabilidad de las personas con discapacidad, de modo que no sean los colectivos vulnerables los que peor parados salgan de esta crisis.
Cristina González
Directora General de la Fundación Integralia
