¿Por qué a las personas con discapacidad debería importarnos el concepto de inclusión financiera?
Con la llegada de la pandemia, y la consiguiente aceleración en la digitalización de empresas y procesos, llegaron barreras de inclusión que ya estaban presentes pero que se acentuaron durante este período. En la Fundación Integralia manifestamos nuestra preocupación sobre la brecha digital durante los meses de confinamiento más estricto. Esta brecha suponía una flagrante desigualdad a la hora de acceder a bienes, servicios, oportunidades laborales, relaciones sociales, etc… La desconexión digital -involuntaria y debido a las barreras existentes- era sinónimo de desconexión social.
La digitalización de muchos de los servicios que recibimos en nuestro día a día ya estaba en la hoja de ruta de empresas e instituciones. La pandemia no ha hecho más que acelerarlo, reduciendo los plazos de implementación de manera drástica. Es evidente que esto supone muchas ventajas y comodidades para los consumidores. Pero esta rápida implementación también ha tenido algunas contrapartidas, como no adecuar la accesibilidad de los servicios a la gran diversidad presente en la población.
El Banco Mundial define la inclusión financiera como al “acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de personas y empresas —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible”.
Uno de los sectores que más ha acelerado sus procesos de digitalización ha sido el de la banca. Y con ello ha sido inevitable que no surgiera el concepto de inclusión financiera. No se trata de un concepto nuevo. De hecho, ya estaba presente en muchos papers económicos. El primero que sacó a la palestra este tema fue el economista Raymond W. Goldsmith, quien en 1969 demostró la relación entre el acceso a servicios financieros y crecimiento económico. El Banco Mundial define la inclusión financiera como al “acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de personas y empresas —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible”.
Tradicionalmente, el concepto de inclusión financiera abordaba casi exclusivamente el factor de los recursos económicos y/o carencia de ahorros, que determinaban su acceso a los servicios financieros. Estos factores se han ido ampliando a otros como culturales, religiosos, educativos, demográficos, etc…
Con esta nueva ola de transformación tecnológica y digital aparece otro factor esencial a la hora de abordar la inclusión financiera, que es el grado de digitalización de cada segmento de la población.
Según las conclusiones del informe 'Tecnología y Discapacidad', realizado por Fundación Adecco junto con Keysight Technologies Spain, un 45% de las personas con discapacidad encuentra barreras con el uso de dispositivos tecnológicos.
Es decir, ya no solo la falta de recursos limita el acceso a servicios financieros, sino también la alfabetización digital. Y con ello también se generan desigualdades, puesto que el acceso a los productos y servicios tecnológicos también es desigual. Es aquí donde irrumpe la brecha digital entre las personas con discapacidad (u otros segmentos de la población como las personas mayores) como factor determinante para su inclusión financiera. Según las conclusiones del informe 'Tecnología y Discapacidad', realizado por Fundación Adecco junto con Keysight Technologies Spain, un 45% de las personas con discapacidad encuentra barreras con el uso de dispositivos tecnológicos.
Bienvenida sea la transición digital en todos los sectores productivos de nuestro país, pero inclusiva. La aceleración de la digitalización supone dejar fuera a ese 45% de personas con discapacidad que todavía no dispone de los recursos tecnológicos suficientes como para utilizar servicios financieros completamente digitalizados.
En este sentido celebramos que el Gobierno haya instado a los bancos a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores en un encuentro con los principales actores del sector bancario. En este encuentro se acordó “que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación y en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores”.
Aunque celebremos el acuerdo, desde la Fundación Integralia instamos a las administraciones públicas a que se incluyan también las necesidades de las personas con discapacidad, entre ellas las personas con discapacidad intelectual, que necesitan que toda la documentación bancaria esté redactada en lenguaje fácil con tal de garantizar su accesibilidad.
Cristina González Hipólito
